Roberto Porcel, socio de Porcel & Cabo analiza las ventajas de acudir a la justicia criminal por sobre la civil en los casos de uso indebido de marca.

Preocupa seriamente el alejamiento del contador Ricardo Echegaray al frente de la Dirección General de Aduanas. Todos conocemos y hemos sido testigos del impulso que cobró a sus expensas, como política de estado, la persecución contra el fraude marcario.

No limitó sus esfuerzos este funcionario al cuidado de las zonas primarias, sino que también fueron objeto de sus permanentes diligencias las zonas secundarias. Ferias como la Salada o la Saladita pueden dar buena prueba de ello.

Fue responsable de la creación de mecanismos novedosos como el sistema de asientos de alerta, que mejoró los controles y facilitó la labor de los dueños de las marcas; quienes se vieron beneficiados en el cuidado de su derecho de propiedad por el accionar oficioso de la aduana.

Con tan solo registrar sus marcas en un registro especial creado a tales fines en la DGA, este organismo se ocupa de verificar y controlar la autenticidad del producto involucrado.

La creación del Foro Aduanero de Lucha contra el Fraude Marcario fue otro gran acierto de su gestión. Se promovió la interacción entre la Aduana y el sector privado, para fijar políticas de lucha de manera mancomunada. Estado y particulares se pusieron de acuerdo para trabajar de manera organizada y conjunta tras un mismo objetivo en común.

Pero lo que mas rescato de su gestión es el hecho de haber entendido que la falsificación marcaria es un delito que acarrea gravísimas consecuencias, y haber actuado en consecuencia.

Por primera vez se tomó conciencia desde el estado que el fraude marcario es un delito con una entidad mayúscula.

En la última reunión de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) celebrada en el país, hubo exposiciones en las que se acercó material que demuestran que la falsificación de marcas se utiliza para financiar actos de terrorismo, para contrabandear armas, para lavar activos, para financiar el tráfico de drogas, etc.

Se puso en evidencia que quienes están detrás del delito marcario, no son simples oportunistas sino verdaderas organizaciones criminales.

Luego, esperemos que quien lo suceda al contador Echegaray no deje caer en saco roto todo lo bueno hasta aquí actuado y continúe en esta senda, profundizando en esta lucha contra la falsificación marcaria como política de estado.

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